Castilla y León, primera autonomía que regula la formación de sus residentes

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará en septiembre el decreto que regulará la formación sanitaria especializada en la comunidad. La norma verá la luz siete meses después de que expirase el plazo de un año que el Ministerio de Sanidad dio a todas las regiones para desarrollar el Real Decreto 183/2008 (más conocido como decreto formativo), y aun así Castilla y León es la primera de las 17 comunidades que hace sus deberes. El resto no sabe o no contesta. Aunque Cataluña, Galicia, Canarias y Valencia aseguraban hace unos meses que sus respectivos decretos estaban muy avanzados. Castilla y León será la primera región que concreta, negro sobre blanco, el desarrollo normativo del 183/2008.
El decreto nacional, aprobado tras un duro tira y afloja con sindicatos y residentes, recogía sólo las líneas básicas de la formación MIR en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero eran las comunidades las que tenían que concretar aspectos tan importantes como la estructura de las comisiones de docencia, los mecanismos de evaluación, las rotaciones y el papel de los tutores.
Y eso es precisamente lo que hace el anteproyecto de Castilla y León al que ha tenido acceso DM. En 56 artículos divididos en nueve capítulos, el documento regula la composición, estructura, funcionamiento y mecanismos de acreditación y reacreditación de los órganos docentes de carácter colegiado (unidades docentes, comisiones y subcomisiones de docencia y comités de evaluación) y los de carácter unipersonal (jefe de estudios, tutor principal y de apoyo, colaborador docente y responsable de calidad e investigación en docencia).
Castilla y León afirma que todas estas figuras docentes necesitan un tiempo determinado al cabo del día (al margen de su tarea asistencial) para dedicarse a la tutorización, y reconoce esa labor con créditos en la carrera profesional, pero no con una retribución concreta, una de las principales reclamaciones de los tutores. En cuanto al tiempo de dedicación, la norma dice que el jefe de estudios podrá emplear un 15 por ciento de su tiempo de trabajo en tareas exclusivamente docentes, si tiene a su cargo a menos de 20 residentes; al menos un 30 por ciento, si tutoriza a entre 20 y 39 MIR, y un 50 por ciento de su tiempo, si se responsabiliza de más de 40 residentes.
En el caso del tutor principal (que tendrá a su cargo a un máximo de cinco MIR), el decreto es mucho más ambiguo: podrá dedicar al menos un cinco por ciento de su tiempo de trabajo al ejercicio de su actividad docente, pero "sin que se vea mermada su actividad asistencial". En suma, la cuadratura del círculo en un ámbito como atención primaria, donde los tutores se quejan de la imposibilidad de compatibilizar sus obligaciones asistenciales y docentes.
Haciendo uso de la facultad que el 183/2008 otorga a las regiones para crear otras figuras docentes al margen de los tutores (artículo 13), Castilla y León introduce el responsable de calidad e investigación en docencia, "un especialista en Ciencias de la Salud con formación acreditada" que colaborará y asesorará al jefe de estudios. El decreto castellanoleonés, que, según fuentes de la Junta, ha sido valorado positivamente por todos los sindicatos, otorga un plazo de tres meses para que las figuras y órganos docentes existentes hasta ahora "se adapten a la denominación, composición, funcionamiento y número" que fija la norma.
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Se echa en falta la dotación presupuestaria para el anteproyecto que regula la formación de los residentes

Castilla y León aprobará inmediatamente después del verano la norma que regulará la formación sanitaria de sus residentes, convirtiéndose así en la primera región del SNS que desarrolla el decreto formativo nacional. El anteproyecto castellanoleonés, reconoce la labor del jefe de estudios y del tutor con créditos en la carrera profesional, pero no les paga por ello.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará en septiembre el decreto, siete meses después de que expirase el plazo de un año que el Ministerio de Sanidad dio a todas las regiones para desarrollar el Real Decreto 183/2008 (más conocido como decreto formativo). (…)

CESM y AEMIR echan en falta una memoria económica
El Sindicato Médico de Castilla y León ve con buenos ojos el proyecto de real decreto que ha elaborado la Junta, pero echa en falta una memoria económica adjunta al documento. "Está bien que se diseñe una estructura que, obviamente, mejora lo anterior, pero hace falta una dotación presupuestaria para que las unidades docentes se nutran de la estructura necesaria", afirma Tomás Toranzo, presidente de Atención Especializada de CESM en la comunidad.
Además, la organización docente que propone la Junta es, a juicio, de Toranzo "excesivamente burocrática y poco flexible . Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la formación troncal será una realidad en breve y habrá que adaptar a ella el funcionamiento y la estructura de unos órganos y figuras docentes que, sobre el papel, parecen demasiado complejos". AEMIR también reclama más tiempo de dedicación docente para los tutores (sólo se les reconoce un 5 por ciento de su jornada diaria) y que tanto el jefe de estudios como el tutor principal tengan suficiente reconocimiento jerárquico.

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El Gobierno de Cantabria, responsable civil en el caso de una residente agredida

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria tendrá que responder como responsable civil por el suceso que se produjo, en junio del año pasado, cuando un médico residente de un centro sanitario de la capital cántabra apuñaló a una compañera MIR en las instalaciones del hospital.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander establece en un auto que el Gobierno regional debe ser responsable civil en este caso, al ser el titular del centro público, lugar en donde se produjeron los hechos.
FianzaEl auto judicial recoge la responsabilidad del Ejecutivo en el hecho de que el procesado estaba vinculado laboralmente con el hospital como MIR, lo mismo que la residente agredida.
El Juzgado eleva hasta 50.000 euros la fianza que se impuso al agresor para asegurar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de esta causa.
En el auto de procesamiento del acusado, ese mismo Juzgado había fijado la fianza en 25.000 euros, pero, tras estudiar los recursos que se plantearon, la juez decidió doblar la cuantía, a la vista del informe médico de la víctima, hija de un facultativo, tanto por el tiempo que tardó en recuperarse de las heridas como por las secuelas que le han quedado.
Los hechos ocurrieron hacia las 22:00 horas del 4 de junio de 2008, cuando el procesado, un médico residente que cumplía su cuarto año de formación en el departamento de Anatomía Patológica, atacó con un estilete a una compañera que estaba de guardia y le asestó varias puñaladas.
La víctima sufrió heridas en el tórax, el abdomen, los brazos y las piernas y tuvo que ser operada de urgencia.
Estuvo ingresada 28 días, tardó en curarse 322 días y 93 de ellos estuvo impedida. El Juzgado de Instrucción estableció que los hechos que se le imputan pueden ser constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Asimismo, la juez ha acordado que el acusado prosiga en prisión provisional, comunicada y sin fianza, hasta que se celebre el juicio, para el que todavía no hay fecha. La juez ha basado su decisión en la existencia "de indicios claros" en contra del residente y porque, a pesar de que padece un trastorno de personalidad esquizoide, el MIR se negó a someterse al tratamiento médico necesario.
La juez también ha justificado esa medida de prisión provisional en que había un "importante riesgo" de que el procesado volviera a cometer hechos similares.
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El Supremo ha rechazado un recurso de CESM y AEMIR contra el estatuto laboral del residente aprobado en 2006

El caso
A finales del año pasado el Tribunal Supremo dictaba la primera sentencia en la que rechazaba el recurso que CESM y AEMIR habían interpuesto contra el Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, más comúnmente conocido como el decreto laboral MIR.
La Sala Contenciosa del alto tribunal ha rechazado otro recurso de la confederación estatal en el que, a diferencia del primer pleito, se impugnaba parte del contenido de la norma.
En concreto, CESM alegaba que el artículo 2 del decreto no garantizaba del todo la libranza del residente tras la guardia.
Asimismo, el artículo 5 no regula el "grado de responsabilidad que puede asumir el residente en cada año de formación," y las subidas retributivas previstas en el artículo 7 "no están correctamente ajustadas al grado de formación en función de la diferente duración de cada una de las especialidades".
Por último, el sindicato y la asociación de residentes entienden que el reconocimiento médico previsto en la norma vulnera el principio de no discriminación, pues "es lógico que sea parte de una prueba nacional selectiva previa a la obtención de una plaza, pero que dicho examen sea preceptivo y descalificante no debería ser requisito previo a la formalización del contrato".
Los magistrados del alto tribunal no sólo no admiten ninguno de los argumentos de CESM-AEMIR sino que ni siquiera entran a analizarlos, pues desestiman el recurso por cuestiones de carácter formal.

Valoración de AEMIR
AEMIR lamenta la resolución del Tribunal Supremo. Considera que no han sido analizadas en profundidad las alegaciones presentadas y se rechaza a la ligera un recurso que pretende evitar consecuencias muy negativas que derivarán del Estatuto del MIR tanto para los médicos residentes, como para el propio sistema de formación sanitaria especializada. Read More!

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